Los desastres naturales en México dejaron pérdidas económicas superiores a 710,000 millones de pesos entre el 2000 y el 2024, como consecuencia de daños a infraestructura, viviendas y actividades productivas, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
Enrique Guevara Ortiz, director general del Cenapred, identificó al 2010, 2017 y 2023 como los años con mayores pérdidas económicas durante este periodo.
En el 2010, los daños ascendieron a 92,372 millones de pesos, principalmente por el huracán Alex en el noreste del país y un sismo en Mexicali.
Para el 2017, las pérdidas llegaron a 88,440 millones de pesos, debido a los sismos registrados en septiembre de ese año.
En el 2023, los daños sumaron 89,910 millones de pesos, con una alta concentración en las afectaciones provocadas por el huracán Otis en Acapulco.
Guevara Ortiz explicó que el impacto económico de los fenómenos naturales no depende únicamente de la magnitud de un sismo o un huracán. También está relacionado con las decisiones sobre el territorio, la infraestructura y las condiciones de vulnerabilidad.
"El riesgo se configura mediante decisiones acumuladas: dónde construimos, cómo ocupamos un territorio, qué normas aplicamos, qué mantenimiento damos y qué condiciones de vulnerabilidad permitimos", afirmó durante una conferencia en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
El director del Cenapred recordó que la Ley General de Protección Civil considera como delito grave construir sin consultar los Atlas de Riesgo nacional, estatales o municipales.
México requiere infraestructura capaz de mantener funciones esenciales y recuperarse ante una emergencia, además de obras diseñadas para resistir los fenómenos naturales, de acuerdo con el Cenapred.
"Esto exige anticipar el riesgo antes de decidir, exige conservar capacidades mediante la inspección y mantenimiento, y adaptar la infraestructura frente a condiciones cambiantes", comentó Guevara Ortiz.
El funcionario diferenció entre resistencia y resiliencia. Una obra resistente busca soportar las acciones previstas y evitar el colapso, mientras que la resiliencia incorpora la capacidad de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse ante una emergencia.
"(Antes de la emergencia) se requiere llevar a cabo acciones para adaptar la infraestructura y las comunidades a las condiciones de exposición, y recuperar lo más pronto posible la continuidad de operaciones, de negocio y de gobierno", agregó.
Jesús Campos López, presidente del XLI Consejo Directivo del CICM, advirtió que la infraestructura en México necesita financiamiento sostenible para conservarse, renovarse y responder ante desastres naturales.
"Ningún sistema de infraestructura, por bien diseñado que esté, puede 'salvarse', si no se cuenta con el financiamiento sostenible para su mantenimiento y su reposición", remarcó.
El especialista agregó que mantener tarifas por debajo del costo real de conservación puede elevar la vulnerabilidad de la infraestructura, debido a que retrasa las labores de mantenimiento y reposición.
El CICM ofreció revisar los Atlas de Riesgo y colaborar en acciones de prevención de desastres. El Colegio también aceptó sumarse a la Iniciativa de Naciones Unidas sobre Infraestructura Resiliente, encabezada por Chile y México en América Latina.